1. Los motivos del Gobierno para establecer que el Estado se apropie del 40/45 % de las exportaciones de soja pueden ser: a) fiscalistas, b) redistributivos, c) políticos.

En cualquier caso son legítimos si el gobierno tiene un origen democrático. Y revisables judicialmente solo si afectan la rentabilidad al punto de tornar confiscatorio el derecho de exportación. Y, en este caso, debería identificarse en la cadena quién es el sujeto que paga de hecho y de derecho el impuesto, su renta, etc.

Por cierto, salvo de parte de los grupos más pequeños no se ha invocado confiscatoriedad. Y, en estos casos, no se hizo con números serios.

2. Otro tema será cómo el Gobierno distribuye esos fondos. Por ejemplo si reconoce a los gobiernos locales una parte en forma directa o indirecta, o si se destina a satisfacer una necesidad fiscal como el pago de deuda (interna y externa) o la importación de energía.

O si implica una suma de poder político centralista o se destina a subsidios que no estimulan la eficiencia en la prestación de los servicios públicos privatizados y subsidiados.

Pero esto no es lo que, centralmente, cuestiona “el campo”.

Es más, parecería que, en realidad, las mayores quejas son de los sectores a) Tambero y b) Ganadero… pero lo notable es que el reclamo se centra en las retenciones a la soja.

3. El punto crítico, creo, es si las medidas contribuyen a la concentración de tierras y el monopolio en la comercialización, fundamentalmente en el comercio exterior, y el negocio de los aceiteros y productores de biocombustible. Esto último, en parte por la diferencia de porcentual de retenciones para aceites y biocombustible y por la excepción al Código Aduanero que la Ley de Videla consagra para las ventas al exterior de productos agropecuarios, cuyo porcentual de retenciones no se calcula sobre el precio internacional al momento del embarque, sino a la fecha de la declaración jurada, presentada por los exportadores en el momento de su elección, obviamente en los de valor más bajo.

En este caso, es sorprendente que los ruralistas que cortan rutas (las “bases”) no lo señalen.

Y podría ser un error político del gobierno permitir que el grupo monopólico negocie en nombre de todo el sector (productores grandes y chicos, propietarios y arrendatarios, y exportadores).

4. El Gobierno no ha logrado aún instalar el discurso ganador. Fernández y Lousteau aparecen solos y con argumentos aislados, sin un discurso que se engarce en una política agraria, fiscal y tributaria que se enmarque en una política económica de crecimiento y distribución de riqueza o, en su caso, ortodoxia (tipo: hay que pagar la deuda y la crisis financiera no justifica pedir plata al mercado). Obviamente, la presencia de Moyano ayuda poco a ganar el favor de la clase media.

Al “campo” le basta para imponer un discurso que va llegando a la clase media con el apoyo del establishment que, en parte, el Gobierno nunca cuestionó porque no cuestiona el monopolio.

A eso se suma que el sector que no votó a K se encolumna tras el reclamo del campo, que permite un apoyo por izquierda (a “los pequeños productores”) o derecha (se castiga al capital).

5. El problema del Gobierno es político.

Queda solo, con argumentos aislados que debilitan su medida, una medida justa y defendible.

Necesita aliados políticos, que deben ser: a) los gobernadores, b) los pequeños productores.

a) Los gobernadores. Coparticipando parte de las retenciones.

b) Los pequeños productores. Teniendo una política de población del campo y dejando de negociar con el monopolio.
Obviamente, no puede hacerlo públicamente ahora, pues sería un síntoma de debilidad.

Pero de todos modos sería grave ingresar sin alianzas mejores a una profundización del conflicto que puede llegar a un grado de desabastecimiento en los supermercados. En esa situación, si no queda claro que es “el campo” el causante, porque quiere pagar menos impuestos el desgaste puede ser mayor.

6. El problema político de fondo tal vez sea no advertir que el monopolio exportador agrícola es el actor político más importante de la Argentina desde hace doscientos años (para recordar el bicentenario… ¿qué otro símbolo que la vaca?). El Gobierno no puede pretender sentarse en la mesa a repartir la renta sin tener una política de corto, medio y largos plazos respecto de ese negocio complejo, que va de la producción hasta la comercialización interna y externa. Y sería malo no abrir las posibilidades a otra cosa que negociar con las cúpulas en lugar de proponerse un plan y desarrollarlo para lograr más ocupación del campo y mayor democracia en la cadena de comercialización.

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38% va al pago de retenciones; 17%, al movimiento de la cosecha; 19%, a gastos indirectos y de arrendamiento de la tierra; 2,5% son los impuestos a las ganancias y al cheque; el 1% son impuestos provinciales y municipales, y el resultado para el productor es del 2%. Para este modelo de empresa, el 83% de su resultado es aportado al Estado, si el campo es propio. Si fuera sobre campo arrendado, la carga fiscal total sobre su resultado es del 95%
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El Gobierno dice que vendemos nuestros productos en dólares y que tenemos los insumos pesificados, y no es así. Mientras el dólar libre, al que compramos los insumos, está a $ 3,17, el dólar de exportación, al que vendemos la producción, está a $ 3,14. Pero si le descontamos las retenciones, el dólar para la soja es de $ 1,76, y para el girasol, $ 1,91
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si al dólar soja se le descuenta el índice de precios al consumidor (IPC) desde 2001 el tipo de cambio real actual es de $ 0,85, y si se le quita la inflación combinada (mitad mayorista, mitad minorista) es de $ 0,75
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los insumos desde diciembre pasado: gasoil, 5%; flete, 23%; fósforo (un fertilizante clave), 29%; urea granulada (otro fertilizante muy usado), 12%; glifosato (herbicida), 23%
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Para el caso de la soja, los nuevos derechos de exportación marginales van restando a medida que el precio es mayor. En esta escala, para la primera instancia, de 0 a 200 dólares la tonelada, de cada billete de 100 dólares, el Gobierno se queda con 23,5 dólares. En el siguiente escalón, hasta 300 dólares, por el nuevo billete de 100, se queda con 38 dólares. Y así hasta llegar un nivel de precios de más de 600: cada 100 dólares adicionales el Gobierno le da al productor sólo 5 dólares y se queda los otros 95
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lo peor es que le pone un techo a los precios y con eso hace caer la expectativa de inversión tecnológica de todos los productores, que no se van a arriesgar a invertir más
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Mi opinión es que hubo una articulación equivalencial de demandas que dio en el acontesimiento del cacerolazo.

Volvieron las cacerolas

Saludos,

Ric.